La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha frenado la «separación inmediata» de Samuel García como gobernador de Nuevo León, invalidando parte del artículo 203 de la constitución estatal. Sin embargo, aprobó someterlo a juicio político, que será llevado a cabo por el Congreso y resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el juicio político contra García a inicios de 2023, pero el proceso se detuvo cuando García promovió un juicio contencioso administrativo que suspendió el proceso en el legislativo local.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso respondió con una controversia constitucional que invalidó esta suspensión. Sin embargo, el juicio político se detuvo nuevamente por una suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo a García.
El conflicto se complicó cuando el Congreso nombró a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, mientras García buscaba la candidatura presidencial. La SCJN intervino y validó el nombramiento de Orozco, pero éste renunció tres días después, permitiendo a García reasumir su cargo.
Con una votación unánime, la SCJN avaló el proyecto que invalidó la separación inmediata de García, dejando el juicio político en manos del Congreso y el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.